El caso "Prestige" y el desprestigio judicial

Bien administrada, la correcta aplicación de la Justicia supone un contrapunto perfecto a la arbitrariedad, el revanchismo y la ley del más fuerte.

En un Estado de Derecho la ciudadanía dispone de un marco legislativo que recoge y tipifica pormenorizadamente todas las conductas censurables, así como los procedimientos a seguir para perseguir los comportamientos irregulares, siempre bajo la premisa fundamental de que cualquier persona es inocente hasta que se consigue demostrar lo contrario.

A nadie se le escapa que la administración de la Justicia es un complejo engranaje en el que cuentan más las pruebas que las intenciones, las evidencias que las sensaciones y la objetividad más que la animosidad, todo ello sin perder de vista que, al final, la razón no siempre está del lado de quien la tiene, sino de quien la puede demostrar o quien la defiende mejor.

Pero todo esto, que en teoría suena muy bien, salta por los aires cuando los tribunales dictan sentencias como la del “Prestige”, la mayor catástrofe medioambiental que ha vivido España. Entonces todo es chirriar de dientes, tirones de pelo y muestras de rabia e indignación.